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| Un momento de la Asamblea de Alcaldes celebrada ayer |
Gran Canaria presentará al IGTE una propuesta de máximos de 120 millones de euros, dado que el decreto autonómico establece que solo financiará la mitad, y la isla considera que, según los criterios de reparto del REF, le corresponde 60 millones de euros, si bien será menos según lo que se conceda a propuestas del propio gobierno y las universidades.
Así lo decidió ayer la Asamblea de Alcaldes del Consejo de Corporaciones Locales del Cabildo de Gran Canaria, celebrada bajo la presidencia de Antonio Morales, en un encuentro en el que los asistentes, de todos los municipios salvo Mogán y San Mateo, dejaron constancia de la diversidad de dudas que les genera el decreto del Gobierno de Canarias, que al no establecer reglas claras a las que adherirse, se reserva las manos libres para decidir.
Aunque el ejecutivo canario aprobó el decreto, no ha aprobado la orden que lo desarrolla, de manera que la reunión tuvo como objeto fijar un plan de trabajo para que su aprobación y los plazos que establezca no coja al Cabildo y los ayuntamientos "con el pie cambiado", máxime dada la altura del año a la que puede salir, con apenas un trimestre para el final del ejercicio y, con ello, el vencimiento para presentar las certificaciones de obra.
El Gobierno de Canarias ha establecido dos posibles líneas a las que acogerse: "proyectos", en referencia a obras concretas y cerradas, y "programas", relativa a líneas de actuación abiertas y flexibles. Ambas líneas son incompatibles entre sí y, además, en el caso de programas, la opción elegida por Gran Canaria para presentar una propuesta global, el Gobierno de Canarias solo financiará la mitad en el caso de las islas capitalinas, el 80% en el caso de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y hasta el 90% a La Gomera y El Hierro.
Por este motivo, pusieron en común la posible discriminación que establece el decreto entre municipios de similar población por pertenecer según a qué isla.
A ello se suma la dificultad de buscar certificaciones antes de final de año que encajen en los tres ejes fijados por el ejecutivo regional, ya que algunos municipios apenas tendrán 200.000 euros, aseguró el Alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, si bien el vicepresidente insular, Ángel Víctor Torres, animó a no cribar de antemano porque algunos supuestos son auténticos cajones desastres y, finalmente, pueden tener cabida.
El Alcalde de Moya, Hipólito Suárez, por su parte, calificó el decreto de "tomadura de pelo" y encaminado a obstaculizar la presentación de un programa consensuado frente a los proyectos independientes y, aparte de "empezar con mal pie", no ha habido voluntad de acuerdo con los municipios, que siguen sin saber qué cuantía tendrán del 20% que el ejecutivo autonómico anunció que tendrían los municipios para planes de empleos sociales. "Y de eso hace más de un mes", apostilló.
Legalmente, además, ni siquiera se sabe si este año se contará con los 160 millones de euros del IGTE porque el Gobierno de España sigue en funciones.
Dado que los proyectos independientes sí se financiarán al 100%, no se descarta estudiar una propuesta global para Gran Canaria, pero presentarla finalmente bajo la figura de proyectos.
En definitiva, y para ser lo más operativos posibles, zanjó el Consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, finalmente la Comisión Coordinadora del Consejo de Corporaciones Locales se encargará de tratar de recabar más datos y trabajar para acelerar la recolección de certificaciones, para lo que el Cabildo de Gran Canaria cuenta ya con 21 millones de euros y Gáldar ya anunció que puede presentar un millón, y tratar de avanzar, aunque un repaso al decreto "suma nuevas dudas". Tanto es así, que el decreto establece que la primera anualidad no precisa la orden de desarrollo y el Gobierno de Canarias puede tomar las decisiones al respecto "mañana mismo".
Con tan poco tiempo, porque el gobierno lo aprobó hace solo dos semanas, y tan poca información, ha quedado "un puzzle que no es fácil" de componer, añadió Morales.
