31 de octubre de 2014

UPyD lleva el vertido de chapapote en El Cabrón a Bruselas y reclama que se actúe con urgencia para evitar actividades ilegales en alta mar

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, en una imagen de archivo
Viernes, 31 de octubre.

La Jefa de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, reclamó ayer a la Comisión Europea que "actúe con urgencia para evitar actividades ilegales en alta mar que pueden producir catástrofes naturales en las costa, como el vertido de chapapote registrado el 16 de julio en la costa de Agüimes".
Pagazaurtundúa recordó que "en la Comunicación de la Comisión de 23 de febrero de 2009, denominada 'Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano', se hace hincapié en la creación de una estrategia comunitaria para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano".
Entre las medidas que se preveían en esta estrategia estaban, entre otras, la mejor coordinación de los mecanismos de gestión de crisis, la subvención de proyectos de sensibilización y educación, la relación entre los sistemas de alerta rápida o la elaboración de recomendaciones sobre las medidas políticas de coordinación que deberán tomarse a nivel comunitario, nacional o subnacional.
Sin embargo, según subraya Pagazaurtundúa en una pregunta parlamentaria, "se siguen produciendo desastres ajenos al control de las instituciones comunitarias y con una coordinación deficiente con las autoridades nacionales y regionales, como el sucedido el pasado mes de julio en las Islas Canarias"
Por este motivo, considera necesario saber qué mecanismos se han puesto en marcha desde Bruselas para mejorar el funcionamiento de los instrumentos existentes para la prevención de catástrofes. Asimismo, la política de la formación magenta reclama a la Comisión una evaluación sobre si la financiación comunitaria es usada de una manera eficiente para prevenir estas situaciones.
En abril pasado, señaló la eurodiputada, otras dos playas del sur de la isla de Gran Canaria, la del Águila y Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, también fueron afectadas por vertidos contaminantes.