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| El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (i), en una imagen de archivo |
El Cabildo de Gran Canaria instará al Gobierno de España a adecuar el
nuevo Real Decreto sobre servidumbres aeronáuticas a “la específica situación insular
en materia de seguridad”, en palabras de su presidente, José Miguel Bravo de
Laguna, porque el incremento en las distancias de seguridad que incluye esta
norma “hace inviable la implantación del 80% de los parques eólicos” previstos
en Gran Canaria, según datos del socialista Augusto Hidalgo, que no desmintió
la Consejera de Política Territorial, Ana Kursón.
Hasta 14 parques eólicos de la isla, entre nuevos autorizados y
repotenciación de otros existentes, se ven afectados por la ampliación de las
servidumbres aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de abril. Su
capacidad de producción total sería de 187,10 megavatios (Mw) y la inversión
directa que supondría su construcción asciende a unos 117,7 millones de euros.
El empleo directo en la fase de construcción beneficiaría a 1.400 personas y el
posterior, asociado al funcionamiento y mantenimiento de los parques, daría
trabajo a otras 570.
En concreto, la distancia de seguridad de las servidumbres que genera el
radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (DVOR) situado en Pozo
Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana, pasa de 2 a 10 kilómetros, y la de la
radioayuda NDB, emplazada en Arinaga, aumenta de 5 a 30 kilómetros.
La Consejera de Política Territorial explicó que el Real Decreto
responde a estándares de seguridad europeos y apostó por “ver cómo se pueden
incluir excepciones para los parques eólicos de Gran Canaria”.
Por el PSOE, Augusto Hidalgo destacó que se trata de una medida “en clave
continental que tendrá un efecto demoledor para el desarrollo eólico insular” y
resaltó que las servidumbres generadas por las citadas balizas se extienden más
allá del faro de Maspalomas y de Las Palmas de Gran Canaria.
Carmelo
Ramírez, portavoz de NC, reclamó “una gestión urgente del Cabildo de Gran Canaria para
modificar o dejar sin efecto” el Real Decreto. Según dijo, “la ley nos deja
otra vez fuera del desarrollo eólico”.
