27 de abril de 2013

El Gobierno de Canarias ha movilizado en alquiler social tres viviendas en Agüimes

La consejera Inés Rojas, en una imagen de archivo
Sábado, 27 de abril.

La Consejería de Políticas Sociales y Vivienda, que dirige Inés Rojas, ha impulsado en este último mes el acceso en alquiler social a 217 familias en diferentes municipios de Canarias, con unos precios asequibles.
En concreto, un total de 116 familias ya han formalizado el contrato de alquiler y otras 101 familias han reservado la vivienda y están ultimando la documentación para acceder a su nueva vivienda.

Como explica la responsable canaria de Vivienda, "ante la problemática de la vivienda hemos puesto en marcha con la mayor diligencia posible el plan anunciado por el Presidente del Gobierno de Canarias en el debate del Estado de la Nacionalidad para movilizar 900 viviendas en toda Canarias", anunció Inés Rojas. 
"Ahora más que nunca, especifica Rojas, las administraciones debemos aunar nuestras acciones para conseguir dar respuesta al drama social que está generando la ausencia de vivienda, y posicionarnos al lado de las familias con más dificultades".
La consejera insiste en el trabajo conjunto entre administraciones y apela a que "los ayuntamientos también movilicen con premura las viviendas que han construido a través de sus empresas municipales y en la actualidad se encuentran vacías".

En Gran Canaria se han movilizado 38 viviendas, 16 en la capital, 10 en Vecindario, 7 en Telde, 3 en Agüimes y 2 en Ingenio.

Originariamente, estas viviendas fueron construidas por la empresa pública del Gobierno de Canarias y calificadas como protegidas en régimen especial de venta, pero en la actualidad se han pasado al programa de alquiler ante la imposibilidad de las familias de acceder a ellas a través de la compra tras la eliminación de las ayudas estatales a la compra y escasa disponibilidad de las entidades bancarias para conceder créditos hipotecarios. 

Para acceder a estas viviendas en régimen de alquiler social, las familias interesadas deben estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida como demandantes de vivienda privada en régimen de alquiler y deben dirigirse a cualquiera de las oficinas de la empresa pública VISOCAN.

Las mensualidades que abonan las familias rondan entre los 200 y 350 euros mensuales de media, según la zona y/o demanda existente.