Antonio Morales*
Si no sale en la tele.., no existe. Esta frase, atribuida a Al Gore,
se repite incesantemente en distintos foros a la hora de valorar la
transmisión de la información y su calado en la ciudadanía. Y parece
tener razón la sentencia. Si no, no tendría sentido el revuelo
alcanzado por el programa "Salvados" de Jordi Évole dedicado a las
eléctricas y a su oligopolio recalcitrante, con recogida de firmas
masiva incluida para que se mantuviera el programa frente a la supuesta
petición de cese del periodista. Hasta que no apareció en La Sexta El
Follonero, mostrándonos el poder de los cárteles energéticos, parece ser
que los hombres y mujeres de este país no eran conscientes de ello, a
tenor de la polémica suscitada posteriormente y a pesar de los ríos de
tinta que se han vertido para denunciar este asunto en tantísimas
ocasiones (en estas mismas páginas sin ir más lejos).
No es, desde luego, motivo para lanzar las campanas al vuelo el que
tantos artículos publicados, tantos libros editados y tantas denuncias
presentadas en los juzgados, tengan muchísimo menos eco que un programa
de televisión, pero tranquiliza saber que muchos millones de personas
son ahora conscientes, gracias a ese programa, de la existencia de un
lobby que mueve la energía y gran parte de la política en España.
Es importante que los ciudadanos sepan que ocupamos el dudoso honor
de ser el tercer estado europeo con la electricidad más cara, solo por
detrás de Chipre y Malta. Que desde 2008 hasta ahora, el recibo de la luz
ha subido para los consumidores en un 75% (frente a un 13,1 en la zona
euro). Que las eléctricas ganaron el año pasado más de seis mil millones
de euros, y que, a pesar de eso, se mantiene un déficit tarifario, que
se inventó Rodrigo Rato, con la aquiescencia de Aznar, que no responde a
la realidad y que nos carga en el recibo las tarifas de las grandes
empresas industriales, el transporte y la distribución al precio que
ellas quieren, la producción nuclear y las hidroeléctricas, ya
amortizadas, al mismo precio que las fósiles y un largo etcétera más de
despropósitos. Que dicen que les debemos 24.000 millones, pero la
realidad es que no es a ellos, sino a unos bancos o fondos financieros a
los que ya han vendido la deuda. Que quitan y ponen ministros a su
antojo y que, una vez los han exprimido en sus cargos públicos, se hacen
con los servicios (lo pagan así( de expresidentes, exministros, ex
secretarios de Estado, etc. Que la Ley del sector está hecha, a partir
de una complejidad enorme para que la entienda poca gente, a la medida
de cinco eléctricas que no tienen escrúpulos a la hora de formar
cárteles y pactar precios fraudulentamente, porque saben que si alguna
vez los cogen, como así ha sido, las multas son irrisorias al lado de
las ganancias conseguidas con las trampas. Que el sector está
pésimamente regulado y que, aunque en 1997 se argumentaba que era el
mercado el que fijaría los precios, lo cierto es que no es así
rotundamente. Que en las subastas, que se hacen diariamente y
trimestralmente para fijar los precios de la electricidad, el lobby hace
de subastador y subastero y consigue con eso especular con el precio de
la electricidad, expulsar a la competencia, impedir las auditorias
públicas y fijar costes muy alejados de la realidad. Ah, pero si se
equivocan en la subasta tienen una prima de riesgo a su disposición de
500 millones de euros.
Recompensa que la ciudadanía sea más consciente de que este
oligopolio tiene una capacidad enorme para controlar a los medios de
comunicación y a la opinión pública, empleando mucho dinero en el
intento de acallar las voces críticas. Que condiciona periódicos y
periodistas, financia libelos y censura a los que dicen lo contrario.
Que compra informes de prestigiosos profesionales defendiendo sus
intereses. Que está lastrando la economía del país a su antojo con los
altos costes, irreales y fraudulentos, de la electricidad. Que han
conseguido frenar las renovables para seguir alimentando su nicho de
negocio basado en el petróleo y en una burbuja gasística que nos han ido
imponiendo poco a poco (por cierto vamos a ver si este Gobierno hace
caso a la demanda de estos días de la UE de acabar con las primas que
reciben las centrales de gas). Que los múltiples informes de la CNE en
contra de todo esto no han servido para nada, porque siempre terminan
saliéndose con la suya.
Satisface que sepamos más también de las petroleras que actúan
igualmente como un oligopolio de tres o cuatro empresas que obtienen
pingües beneficios, que marcan los precios de los combustibles a su
antojo desestabilizando la economía del país y a las que, igualmente,
les importan un comino las sanciones de los organismos de control,
porque para ellas son mera calderilla.
Pero no se hagan ilusiones. Es decir, no sean ilusos. El programa de
Jordi Évole, que tantos ríos de tinta ha hecho correr y tanta
información produjo en la red, no ha hecho variar un ápice sus políticas
al Gobierno y a los trust energéticos. Por lo pronto, la CNE ha
denunciado que las petroleras solo bajan los precios los lunes, día que
informan a Europa y pasan el análisis del control de tarifas, y lo
vuelven a subir el martes una vez pasado el examen. También el pasado
día cinco, Ignacio S. Galán (Iberdrola) escribía un artículo en el ABC
exigiendo al Gobierno que las medidas que pretenden actuar sobre el
sector eléctrico y que se tramitan como proyecto de ley en el Congreso
no sean soportadas “de nuevo” por las empresas eléctricas: “hay que dar
un paso hacia el futuro, con criterios claros y eliminando las
incertidumbres, como se ha hecho con las reformas laboral y financiera,
y acometer una reforma energética que servirá para la recuperación del
conjunto del sistema económico español. Es tiempo de decisiones
valientes”.
Y vaya que si es tiempo de decisiones valientes. De entrada, José
Manuel Soria ha anunciado que se carga la independencia del regulador al
integrar la CNE, la CNC y otros reguladores (hasta ahora con
presupuesto propio a partir de tasas) en un ente único financiado por
los presupuestos del Estado. Fíjense que es tal la barbaridad, que la
Comisión Europea ha amenazado con bloquear esta fusión dado que “no
garantiza la independencia del organismo resultante”. Me imagino que no
habrá influido en esta decisión el que Competencia haya llevado ante el
Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, una medida adoptada
por el anterior Gobierno que favorece a las grandes distribuidoras. Pero
no es la única decisión bizarra. Hay algunas más: el ministro ha
anunciado además que se elevará la compensación de la bonificación que
se les paga en concepto de interrumpibilidad, que irá directamente a
aumentar el déficit, claro; ha mostrado la voluntad de subir la tasa
eléctrica al 7% para compensar a las grandes industrias y ha avisado que
dejará sin precio regulado a siete millones de consumidores, además de
anunciar una subida de casi un 700% para un sector importante de la
población. Todas estas medidas harán que la luz nos suba de nuevo en
enero próximo, como mínimo, e inicialmente, en más de un 5%, y
perjudicará, una vez más, a las familias con menos recursos. Mientras,
seguimos sin saber en Canarias de la central hidroeléctrica de
Chira-Soria y del desbloqueo de AENA y Aviación Civil a los parques
eólicos del Sureste grancanario, y seguimos sin saber, en el conjunto del
Estado, de la tan esperada normativa que permita el autoconsumo, de las
acciones para frenar a las fósiles y detener el calentamiento global y
de la potenciación de las renovables como nicho de empleos y de
vanguardia industrial y tecnológica. Efectivamente, hay quienes creen
que es de valientes atentar contra el interés general.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.