Antonio Morales*
Setenta y tres años después de su creación, La Caja de Canarias, la
entidad crediticia más cercana a los asuntos financieros y a los ahorros
de las pymes y las familias isleñas, se volatizaba de la faz de la
tierra el pasado martes 27 de noviembre. Desaparecía La Caja y, por ende,
su extraordinaria Obra Social, que se ve trasmutada en una fundación de
poca monta que queda, a su vez, al albur de lo que quiera aportar
Bankia, cuando y como desee, y de un Monte de Piedad testimonial.
No es solamente el caso de nuestra Caja. En un mes serán borradas
del mapa todas las cajas intervenidas y en los próximos meses tomarán el
mismo rumbo las que están saneadas y que fueron convertidas en bancos
en su día (La Caixa, Unicaja, Ibercaja y Kutxabank). Mantendrán el
control sobre sus bancos apenas unos años hasta que pasen a ser
fagocitadas por grandes grupos financieros y, entonces, habrán
desaparecido todas la cajas de ahorro españolas que tuvieron su origen
en los Montes de Piedad, nacidos en el siglo XV, en torno a la orden de
los franciscanos, para facilitar créditos a los más desfavorecidos.
Se consuma así una estrategia diseñada primero por el Gobierno de
Zapatero, a partir de un decreto ley de julio de 2010, al rebufo de la
corriente neoliberal europea y de la banca alemana, consumada más tarde,
en plan orgiástico, por el de Mariano Rajoy. Pero no se trataba de una
improvisación. En ese mismo mes publiqué un artículo ("Adiós a las
cajas") en el que me hacía eco de cómo, ya en el año 2000, el catedrático
de Economía Aplicada de la UV, J.A. Martínez Serrano, escribía un texto
premonitorio en El País ("Las cajas de ahorro: un codiciado botín") en que
hablaba de la eficiencia de las cajas, de su enorme volumen de negocio,
su competencia al sector privado y el “atractivo” que estaban
suponiendo para la banca: “por ello resultaría gracioso que unas
instituciones nacidas para huir de los usureros del siglo XIX acabasen
en las manos de los ambiciosos banqueros del siglo XX”.
Con el argumento de que había que aumentar la capitalización del
sector financiero, Elena Salgado abrió la espita para que el 51% del
ahorro de los españoles, depositado en las cajas, pasara a manos de los
grandes bancos. Con la excusa de la mala gestión y de la politización de
las cajas, Salgado y Ordoñez aseguraban en marzo de 2011 que todas las
cajas debían ser privatizadas antes de 2016. Torpe excusa. Niall
Fergunson, Catedrático de Historia Económica de Harvard, se desgañitaba
advirtiéndoles que “el problema de Europa no son las cajas, sino la
banca alemana”. John Müller, nada sospechoso de izquierdismo,
cuestionaba en El Mundo, no hace mucho, los pactos secretos del PSOE y PP
para cargarse a las cajas con la excusa de la politización. Venía a
decir que en EEUU, Reino Unido, Francia Holanda, Bélgica y Alemania hay
bancos que tuvieron que ser intervenidos o auxiliados y sus
profesionales, no políticos, cometieron los mismos errores que sus
colegas españoles. Para más inri, señalaba que Alemania tiene uno de los
tres pilares de su sistema financiero, en una banca pública poseedora
del 40% de sus activos. Pero es que en España hemos vivido también
recientemente casos sangrantes como el de la Banca Catalana o Banesto,
que no eran cajas, que estaban dirigidos por profesionales y cometieron
enormes pufos de los que nunca hemos sabido lo suficiente.
Los “ambiciosos banqueros del siglo XX” que se inventaron unos
créditos subprime de altísimo riesgo, que después intentaron contener
aumentando los intereses para frenar la inflación, nos metieron en una
crisis, de incalculables consecuencias, que parece no tener fin y de la
que solo saldrán ganando ellos. El derribo de las cajas de ahorro, su
voladura controlada, las fusiones apresuradas, las reconversiones
bancarias, el despido de miles de trabajadores, su saneamiento con
dinero público, va a permitir su entrega incondicional y saneada a los
grandes sectores económicos privados a precio de rebajas. Para muestra
un botón: Caixabank acaba de comprar el Banco de Valencia por un euro
después de que el Estado haya desembolsado 4.500 millones de euros para
sanearla. Lo advirtió también Santiago Carbó: “el valor económico de las
cajas excede en mucho a los posibles costes de saneamiento y
reestructuración de las mismas, y hay que hacerlo visible”. No ha
servido de nada. Las seguirán vendiendo a precio de saldo y servirán
para asentar y afianzar un nuevo modelo de oligopolio financiero. Se
trataba según ellos de reforzar el sistema financiero español, pero lo
que ha resultado fortalecido es el patrimonio de unos pocos. Y además
sin que nadie asuma responsabilidades, sin que nadie pague por los
desafueros cometidos, sin que los organismos fiscalizadores y de
control, que tenían que haber evitado los problemas, rindan cuentas.
Pero no se trata solo de hacer desaparecer a las entidades cercanas,
protectoras del ahorro familiar y agentes de desarrollo de las familias,
las pymes y los municipios, para evitar la competencia a los bancos y
para engrosar su capital. No es solo por eso. De un plumazo se elimina
la posibilidad de que las ganancias obtenidas se devuelvan a la sociedad
a través de la Obra Social (un 27% en los últimos años). Según la
Confederación Española de Cajas de Ahorros, estas entidades “se
vinculaban a un territorio concreto, el lugar de su creación, y en ese
lugar era en el que tenían habitualmente mayor presencia y mayor
actividad. En cuanto al destino de sus beneficios, las Cajas de Ahorro, a
diferencia de otras empresas, no tenían accionistas que recibieran
beneficios, sino que estos debían ser dedicados por una parte a las
reservas y, por otra, a la dotación de la obra social”. Desde 2006 hasta
hoy día, la obra social de las cajas ha destinado más de 10.000
millones de euros a redes sociales y sanitarias públicas y privadas a
través de miles de oenegés, a proyectos de investigación, culturales,
educativos y deportivos y al mantenimiento y a la rehabilitación del
patrimonio histórico artístico, y se calcula que una media de 162
millones de personas han sido beneficiarias de sus ayudas en ese
periodo. Como apunta el profesor Ignacio García de Leániz, en el último
ejercicio, y con una reducción del 23% respecto a 2010, la obra social
de las cajas invirtió un total de 1.125 millones de euros en las áreas
señaladas anteriormente. El 75% del total de la obra social se dirige a
reducir la desigualdad de oportunidades existente en España. Al tiempo
que se ataca frontalmente al Estado de bienestar reduciendo la
financiación
y los recursos de la administraciones públicas, se da el hachazo
definitivo a una Obra Social que se diluye para siempre al no contar con
las aportaciones del negocio financiero. Y todo esto se produce de
manera programada y con unos objetivos concretos y ante la apatía de una
gran parte de la ciudadanía que ni está, ni parece que se le espere, y la
dejación de muchos responsables empresariales, políticos y sindicales
que, desde dentro de los órganos de las cajas, no supieron o no
quisieron dar la batalla. Y para rematar la jugada, que culminó el
pasado día 27 con la certificación de defunción de La Caja de Canarias,
quisiera destacar el papelón del Gobierno de Canarias (tanto CC-PP como
CC-PSOE) y del resto de los agentes sociales implicados. Su incapacidad
para conseguir la unión de Cajacanarias y La Caja de Canarias para
plantar cara juntas a todo el proceso de fusiones, permitió que la
primera se diluyera con apenas un 1% de participación en Caixabank,
después de pasar por Banca Cívica, y la segunda con un 2,4 en Bankia.
Como siempre, gana la banca.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.