Canarias7
En términos mediáticos, es el juicio de la década en Canarias. En términos
absolutos, se trata del plenario de proporciones más espectaculares jamás
celebrado en el archipiélago.
Cuatro acusados que se enfrentan a penas que en
total superan los 600 años de cárcel, 100 presuntos delitos de índole sexual
supuestamente consumados sobre menores, más de 60 hipotéticas víctimas, 188
testigos y 12 peritos citados a declarar. 45 jornadas de vista oral en sesión
matinal a lo largo de ocho meses.
La Sección Sexta
de la Audiencia
Provincial de Las Palmas tiene previsto iniciar el próximo 03
de mayo la vista oral del juicio que se sigue
contra Fernando Torres Baena, de 55 años, María José González Peña, de 34 años,
Ivonne González Herrera, de 31 y Juan Luis Benítez Cárdenes, de
39, acusados por el fiscal y por dos acusaciones particulares personadas
en el sumario en nombre de decenas de menores como supuestos autores de 100
delitos de índole sexual. Fueron presuntamente consumados en el gimnasio de
kárate que durante 30 años dirigió Torres Baena en la capital grancanaria y en
el chalé que este poseía como residencia de descanso en Playa de Vargas.
El fiscal considera probado que durante cerca de 30 años Fernando Torres
Baena mantuvo relaciones sexuales con los alumnos a los que impartía clases de
kárate, y asevera que en su chalé de la Playa de Vargas celebró "auténticas orgías
sexuales" durante 15 años, hasta que fue detenido junto a su mujer y sus dos
monitores en enero de 2010.
Entiende el fiscal que en la casa de Vargas, a donde en principio los
acusados se llevaban a los menores con la excusa de celebrar concentraciones
deportivas, los niños "no sólo se debían prestar a cualquier actividad
sexual con Fernando Torres, María José González o Ivonne González, sino que
eran inducidos a mantener las mismas prácticas con cualesquiera otros de los
alumnos menores asistentes, sin distinción de edad, sexo o número de
participantes".
Asevera el Ministerio Público que María José e Ivonne aprovechaban su
condición de monitoras de kárate en colegios y centros "como el Martín Freire y
el Centro Insular de Deportes" para "derivar" al gimnasio de Torres Baena "a aquellos
menores que por sus características consideraban más idóneos para los fines
pretendidos". Añade que, si los chicos se negaban a participar en los actos
sexuales, tenían que soportar un sermón de Baena que podía durar horas.
A juicio de la acusación pública, los cuatro acusados "planteaban el
establecimiento de relaciones sexuales como un método de evolución personal y
deportiva".
La acusación particular documenta 20 casos de jóvenes que aún hoy están en tratamiento psicológico para superar la experiencia.
Las peticiones de condena más altas parten de la Asociación de Víctimas del Caso Kárate, que representa a 25 supuestos perjudicados directos y a su familiares. Está personada en la causa como acusación particular, bajo la dirección del abogado José María Palomino. Esta parte pide 312 años de prisión para Fernando Torres, 164 a su mujer, 150 para Ivonne González y 20 años para Juan Luis Benítez Cárdenes.
Los abogados defensores de los procesados son Ángel Luis Calonge (por Fernando Torres Baena), Pino López Acosta (por María José González), Sergio Armario (por Ivonne González) y María Rosa Díaz–Bertrana (por José Luis Benítez). Todos ellos interesan en sus conclusiones provisionales la libre absolución.
La acusación particular documenta 20 casos de jóvenes que aún hoy están en tratamiento psicológico para superar la experiencia.
Las peticiones de condena más altas parten de la Asociación de Víctimas del Caso Kárate, que representa a 25 supuestos perjudicados directos y a su familiares. Está personada en la causa como acusación particular, bajo la dirección del abogado José María Palomino. Esta parte pide 312 años de prisión para Fernando Torres, 164 a su mujer, 150 para Ivonne González y 20 años para Juan Luis Benítez Cárdenes.
Los abogados defensores de los procesados son Ángel Luis Calonge (por Fernando Torres Baena), Pino López Acosta (por María José González), Sergio Armario (por Ivonne González) y María Rosa Díaz–Bertrana (por José Luis Benítez). Todos ellos interesan en sus conclusiones provisionales la libre absolución.
Mayoritariamente, defienden la teoría de que las víctimas se confabularon
para llevar a la ruina a Fernando Torres, hasta su detención la figura más
importante en la docencia del kárate en Canarias, el sensei (gran
maestro) de las islas, para quedarse con su cartera de clientes, con sus
subvenciones y con su status. En todas sus comparecencias judiciales han negado, incluso con altas dosis de vehemencia y llegando a enfrentarse al juez
instructor, Miguel Ángel Parramón, que los hechos que relatan las supuestas
víctimas sean ciertos ni se acerquen lo más mínimo a la verdad.
El Tribunal estará presidido por el magistrado Emilio Moya Valdés. A su
derecha se sentará el magistrado Salvador Alba Mesa, ponente del fallo y,
casualmente, experto kárateca. A su izquierda, el magistrado Carlos Vielba
Escobar. El fiscal será Pedro Gimeno Moreno, y la secretaria judicial, Eva
Hernández Burgos.
