Antonio Morales*
Se cumplen en estos días diez años desde que en Agüimes se aprobara una
ordenanza para la protección del menor que trataba de buscar fórmulas de
encuentro entre la familia, la escuela y el ayuntamiento para, entre todos,
profundizar en la formación, la educación, la prevención y la participación de
la comunidad en el crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Pretendíamos debatir los aspectos esenciales que inciden en la evolución del
individuo y en la asunción de su papel de ciudadano y creamos los mecanismos
necesarios para repensar, juntos, la educación, la convivencia, el modelo de
sociedad…
Con una enorme polémica, por el uso sensacionalista de muchos medios de
comunicación ante aquello de que los chicos y chicas debían estar en casa antes
de las once de la noche en día laborales, nació, debatida barrio a barrio, y
clase a clase, y al amparo de la
Ley General de Educación, la Ley de Drogodependencias de Canarias y la Ley de Atención integral de
Protección del Menor de Canarias, una Ordenanza de Protección al Menor que no
era más que un marco de trabajo por el que guiarnos en el futuro para poner en
práctica un modelo diferenciado de cogestión ciudadanista.
Creímos en aquel momento, hoy se hace más necesario, que era imprescindible
impulsar un proceso socioeducativo comunitario, con programas y acciones
sociales de apoyo para la familia, encaminado al aprendizaje de hábitos y
estilos de vida social sanos, la participación e integración comunitaria de los
menores y la prevención desde la formación, la información, el diálogo y el
debate. Se trataba, no solamente de apoyar para reforzar las responsabilidades
parentales, sino para reconducir actitudes y conductas desde el deber, como
parte consustancial de los derechos, y no solo desde la prohibición. La
autoridad de la escuela, de la familia, de las instituciones se potencia con la
credibilidad y se consolida con el trabajo, el diálogo, el consenso y la
participación de la comunidad. Se desarrollan así los equipos de intervención
familiar, la unidad de atención a las drogodependencias, los hogares para
menores y jóvenes, el piso de emancipación, el Centro de Igualdad, la Escuela de Padres, la Universidad Popular,
los mediadores juveniles…
El proceso nos ha dado muchas satisfacciones, muchos premios y muy buenos
resultados en el ámbito de la prevención, el fracaso y el absentismo escolar,
la lucha contra las drogodependencias.., gracias al esfuerzo de las familias,
los colegios, los extraordinarios profesionales con los que contamos y las
responsables políticas que han estado al frente de esta propuesta. Pero
no podemos bajar la guardia, y no me refiero solo a Agüimes. No podemos olvidar
que madres, padres, profesorado y otros agentes sociales se enfrentan
diariamente con un contexto social cada vez más complejo a la hora de ejercer
sus responsabilidades
En diez años, la situación ha cambiado mucho. Vivimos momentos difíciles, de
profundas transformaciones sociales. La crisis económica ha devenido también en
una profunda crisis social, de los valores que conforman el sostén de la
sociedad. El sometimiento de la política a los mercados ha precipitado la
quiebra del Estado de bienestar y el cuestionamiento de lo público, lo que se
ha traducido en la ruptura de la equidad y la igualdad y está propiciando
profundos desequilibrios sociales. Está destruyendo los elementos necesarios
para la protección de los más débiles y la integración social. Y, sobre todo,
está sembrando de miedos e incertidumbres el sentir colectivo. Miedo a perder
el trabajo, la vivienda y las prestaciones sociales, miedo como el que sufren
los más de cinco millones de parados; el 50% de jóvenes sin empleo y sin
perspectivas de futuro si no es en la emigración; como el de más de un millón
de parados sin subsidios; como el que se siente en los casi dos millones de
hogares sin ningún tipo de ingresos; como el de los casi diez millones de
españoles que padecen pobreza severa y exclusión social… Miedos que se agudizan
cuando, cada día, se habla de ajustes y recortes; de reformas laborales que
precarizan el trabajo y cercenan los derechos de los trabajadores; de copagos
sanitarios; de recortes en sanidad y en los servicios sociales básicos; de
falta de horizontes…
Al nihilismo de algunas familias (no podemos pasar por alto que la
responsabilidad de la educación tiene en ella su epicentro), a la rutina de un
sector de la escuela, a la dejación de muchas instituciones, al egocentrismo
vacuo y al consumismo imperante, se suman las rebajas en las partidas de los
presupuestos dedicadas a la educación (no es suficiente una educación para
todos, debe ser una educación de calidad). Y se suman también los dramas de la
incapacidad de muchas familias para darle a sus hijos lo mínimamente necesario
para subsistir; de las depresiones, separaciones familiares, violencias
domésticas y de otros tipos: del aumento del consumo de drogas, de embarazos
infantiles…
Si las condiciones socioeconómicas adversas de las familias determinan
fuertemente la educación, no lo hacen menos los fuertes recortes que en materia
educativa se están realizando en estos momentos. No podemos permitir que se
hurte a la educación lo que le corresponde por su importancia para el
desarrollo de la comunidad: será a la larga mucho más caro. Y tampoco podemos
renunciar a seguir defendiendo modelos alternativos como estos en los que
estamos trabajando, desde la cercanía de lo local, con ganas, ilusión, trabajo
colectivo y convencidos de que realmente se puede transformar la realidad. Es
preciso que profundicemos en espacios que creen corrientes de preocupaciones
compartidas, intercambios de experiencias y enseñanzas de los que más
saben para hacer posible un modelo de sociedad distinto, con valores
positivos; para sembrar esperanzas, para recuperar dignidades atropelladas. La
pasividad es complicidad y colaboracionismo con lo que está pasando. Debemos,
hoy más que nunca, educar nuestra mirada para ser capaces de percibir las injusticias sociales y hacerles frente defendiendo el valor de la democracia y la igualdad ante la ley, la defensa de los derechos humanos que garantizan la justicia social, la libertad de los individuos y de los estados frente a los poderes económicos, la defensa del
interés general y la preponderancia de la sociedad civil en la toma de las
decisiones que afecten a la colectividad. Para demandar la eterna reclamación
de un gran pacto social y educativo. Solo así, desde una sociedad más justa,
más democrática, se forjarán ciudadanos más libres, con igualdad de
oportunidades, con mayores, mejores y más equitativos accesos a la
educación, a su formación integral. Nos corresponde a todos y a todas
reflexionar y buscar alternativas a lo que está pasando. Y no solo por lo que
nos dice el informe PISA.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
