29 de diciembre de 2010

Antonio Morales considera que muchos programas y planes sociales corren peligro

Miércoles, 29 de diciembre.

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) garantizaron el pasado lunes, que 300.000 personas continuarán recibiendo en 2011 la atención social básica por parte de sus ayuntamientos y que los más de 2.300 trabajadores que atienden los servicios sociales municipales mantendrán sus puestos de trabajo. La incertidumbre que se había cernido sobre muchos de los planes sociales que ofrecen las corporaciones locales se ha despejado, aunque hay programas que no están incluidos en la financiación pactada ayer que sí sufrirán recortes y supondrán incluso despidos como es el caso de la atención a las drogodependencias, los programas de apoyo a los discapacitados, los planes de orientación y mediación familiar o las escuelas infantiles municipales.
La Consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, y el Presidente de la Fecam, Lázaro Brito, firmaron el Plan Concertado de Prestaciones Básicas para el año 2011, donde se incluyen las partidas para la prestación de los servicios sociales básicos, el Plan Integral del Menor y los fondos para la Prestación Canaria de Inserción, una ayuda destinada a las familias más necesitadas que no reciben ninguna otra prestación pública. En total son 22,6 millones de euros para los 88 ayuntamientos canarios, lo que supone mantener la misma financiación de este año para cubrir los servicios sociales más inmediatos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, centros de día y residencias de mayores, acogimiento de menores en desamparo, familias en riesgo de exclusión social o ayudas económicas básicas.
Los recortes sociales del Ejecutivo en los presupuestos regionales de 2011 provocaron un movimiento de protesta de los ayuntamientos el pasado mes de noviembre, sobre todo de Gran Canaria, que incluso advirtieron con devolver las competencias en servicios sociales a la Comunidad Autónoma. La falta de información y la reducción generalizada de las partidas del gasto social pusieron en solfa el futuro de muchos planes de atención social y de los puestos de trabajo de los profesionales que trabajan en los servicios sociales municipales, caso de trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, administrativos, etcétera. La división también se instaló en el seno de la Fecam, ya que la comisión ejecutiva del órgano que representa a los ayuntamientos no dio su apoyo a los alcaldes de Gran Canaria y mantuvieron las negociaciones con la Consejería de Bienestar Social, que culminaron el lunes con la firma del Plan Concertado para 2011.
La distribución de los fondos incluidos en el convenio se desglosa en cuatro millones de euros en concepto de prestaciones básicas, además de 8,6 millones más que irán destinados al Plan concertado. También se integran 4,5 millones para abonar los sueldos del personal del área de los municipios con menos de 20.000 habitantes. Además, se destinarán 2,2 millones más al Plan Integral del Menor, en sus capítulos I y III, así como 2,9 millones más al objetivo V de la Ley del Menor. Además de la financiación, la consejera Inés Rojas destacó como principal novedad del plan para 2011, la agilización de los trámites para acceder a las ayudas, de tal forma que los ayuntamientos, una vez adheridos a los planes, solicitarán directamente las subvenciones que se otorgarán únicamente con un informe favorable de la Intervención municipal, lo que reducirá notablemente la tramitación administrativa.
El Presidente de la Fecam, Lázaro Brito, y la Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales del organismo local, Elena Luis, valoraron este acuerdo porque supone mantener las prestaciones básicas y los fondos que reciben los ayuntamientos. Sin embargo, la sintonía en el seno de la Fecam no es única, ya que hay alcaldes que continúan cuestionando al Ejecutivo porque mantener los mismos fondos no significa que la calidad del servicio sea la misma, ya que la drástica reducción de los ingresos previstos para 2011 obligará a muchas corporaciones a realizar un esfuerzo mayor con fondos propios si no quieren dejar a los vecinos sin servicios.
El Alcalde de Telde, Francisco Santiago, recuerda que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están aportando el 80% de los fondos para los gastos sociales. Con los ajustes que acometerán los municipios el próximo año la única forma de salvar los servicios sociales pasa por reducir drásticamente otras partidas, ya que el Gobierno mantiene su aportación inalterable, que apenas llega al 15% del coste de los servicios.
Por su parte, el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, advierte que muchos programas y planes sociales corren peligro porque los ayuntamientos tienen menos margen de maniobra para cubrir los desfases presupuestarios de otras administraciones, que reducen sus aportaciones mientras las corporaciones locales tienen que mantener los servicios porque son la puerta de entrada de los problemas sociales de los vecinos.
"La prioridad deben ser las necesidades de las personas y si el Gobierno se ve obligado a incrementar los fondos pues debería hacerlo y no mantener lo mismo cuando hay más demanda", añade Morales.
Fotografía: El Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, y la Concejala de Servicios Sociales, Rita Estévez, en una imagen de archivo.