Los Alcaldes de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Artenara, Teror, Gáldar, San Mateo e Ingenio presentarán al Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, un documento en el que se le explica la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la gravedad de la situación económica global de crisis y su impacto en la economía canaria, la cual está originando múltiples dificultades para recabar recursos destinados a financiar las haciendas locales e insulares canarias.Según se comenta en el informe, el sector insular y local canario ha ido asumiendo múltiples servicios y funciones, que originan elevados costes, directos e indirectos, cuya suficiencia financiera no se garantiza con las actuales y escasas fuentes de financiación de que disponen. La caída de recaudación de los recursos destinados a la financiación de las haciendas territoriales, supone una quiebra del principio de suficiencia financiera, que debe conjugarse con la necesidad de garantizar los niveles de prestación básica de los servicios públicos esenciales.
Es por ello, por lo que los once alcaldes grancanarios proponen que las cantidades procedentes del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE), recientemente negociadas con el Estado para los años 2009 y 2010, se distribuyan, en su totalidad, a los cabildos y ayuntamientos canarios, no sujetando su reparto a los porcentajes de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias.
Como antecedente cabe mencionar las cantidades que, por este concepto, dejaron de compensarse en los ejercicios 2004 y 2005, que ascendieron a 40 y 80 millones respectivamente, y fueron, en su totalidad, destinados a cubrir gastos sanitarios de la comunidad autónoma, sin que se hubiesen aplicado los criterios de reparto de la Ley 9/2003. Asimismo, la solicitud de la totalidad de las cuantías del IGTE se justifica en que permitiría disminuir, parcialmente, el déficit que viene generando el coste adicional de las competencias transferidas, tal y como acreditan los informes remitidos por los cabildos insulares al Parlamento de Canarias.
Por otro lado, también se pide que se revisen los actuales porcentajes de reparto de los recursos del Bloque de Financiación Canario, aprobados por la Ley 9/2003, quedando fijados en un 70% para las corporaciones locales canarias y un 30% para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Otras propuestas son establecer una moratoria para la devolución de las cantidades percibidas de más durante el presente ejercicio del Bloque de Financiación Canario, siguiendo un criterio similar al establecido por el Estado para con las comunidades autónomas; modificar el porcentaje previsto en el artículo 4 de la Ley 9/2003, adaptando el coste de gestión a los gastos reales, eliminando el límite mínimo establecido en el citado precepto legal; introducir mejoras en la gestión e inspección de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario que redunden en una mayor eficiencia en la gestión recaudatoria; instar al Gobierno de Canarias a dar continuidad a los Planes Sectoriales, que contaban con financiación insular y local y, por último, colaborar en la financiación de las haciendas territoriales canarias, durante el periodo 2010-2012, a través de los distintos instrumentos de los que dispone la hacienda autonómica como titular de la potestad tributaria derivada y en el marco de su autonomía financiera. En este marco, podría la Comunidad Autónoma Canaria instar un incremento del endeudamiento para el ejercicio 2010, con destino a financiar exclusivamente las haciendas territoriales.
Fotografía: Imagen de archivo.
